La convocatoria electoral no frena las causas judiciales que afectan al PSOE, aunque sí modula el calendario de resoluciones

Pedro Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, tras la caída de los decretos de vivienda en el Congreso la semana pasada. El anuncio, publicado este martes en el BOE, abre una campaña electoral que coincidirá con varios procedimientos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que afectan al PSOE y a su entorno.

El caso con fechas más próximas a la cita con las urnas es el de Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado para el 19 de noviembre, durante la campaña electoral, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. La citación que queda más pegada a la jornada electoral es otra: el 30 de noviembre, apenas 24 horas después de que los ciudadanos acudan a las urnas, están citadas como investigadas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes el juez Calama acordó investigar por su condición de administradoras de una sociedad vinculada al entramado empresarial analizado en la causa.

A ese procedimiento se suma el que investiga los pagos en efectivo del partido. El juez Santiago Pedraz investiga presuntas maniobras de Leire Díez para desacreditar a jueces, en una causa en la que Santos Cerdán y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, figuran como investigados, y en la que el magistrado señaló que Cerdán puso la estructura del partido al servicio de esas maniobras. Según una información publicada este lunes, si el Gobierno adelanta las elecciones generales, Sánchez se arriesga a que la campaña coincida con la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de imputar al PSOE en dos causas judiciales.

Los tribunales suelen seguir, en paralelo, una práctica informal a la hora de gestionar los tiempos cuando hay elecciones por medio. Hay una norma no escrita que habitualmente siguen los jueces y tribunales y es la de retrasar la publicación de resoluciones o sentencias que impliquen a políticos o leyes para no influir en el electorado. Un ejemplo de esa dinámica es la llamada ley de nietos, que el Tribunal Supremo paralizó y que afecta al censo electoral de residentes en el extranjero: esa paralización implica que unas 500.000 personas nacionalizadas españolas no puedan ejercer su derecho a voto, y el Supremo ha oído ya los razonamientos de la Abogacía del Estado para que revoque las medidas cautelares, mientras el partido Iustitia Europa le ha pedido que las mantenga porque considera que se ha incrementado de forma fraudulenta el censo electoral. En el caso del juicio contra Begoña Gómez, inicialmente no se prevé que en campaña electoral se anuncie la fecha del juicio con jurado, que no se espera hasta el año 2027.

Además de Plus Ultra y los pagos del partido, hay otros procedimientos en marcha que afectan a antiguos altos cargos del PSOE y del Gobierno. Entre los investigados figuran la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, el ex número dos de la exvicepresidenta María Jesús Montero, Vicente Fernández, el DAO de la Policía, Manuel Llamas, el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero Lizano, según recoge El Mundo. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está investigado en más de un procedimiento: por el presunto amaño de grandes obras públicas desde el Ministerio de Transportes y también por integrar la trama dedicada a extorsionar a jueces y fiscales a sueldo de Ferraz.

Las posturas de los partidos ante este calendario judicial son distintas. Fuentes de la dirección del PSOE justifican sus críticas a ciertos jueces y tribunales por decisiones como la condena al expresidente del Gobierno Pedro Sánchez o la suspensión de las altas en el censo CERA, y no creen que estas críticas les supongan un desgaste electoral; lo consideran una "obligación" como formación política y cuestionan que otros partidos, principalmente el PP, usen las decisiones judiciales para desgastar la imagen del Ejecutivo. Un dirigente socialista llegó a decir, en referencia al juez que instruye el caso de Begoña Gómez, que es su "mejor activista", con la idea de que el PSOE tomará esa causa como bandera electoral para denunciar lo que considera una persecución judicial.

El PP ha optado por utilizar las causas abiertas como argumento central de su oposición al Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, habló de "capos de la trama" y sostuvo que "el tinglado empieza a caer" a raíz de la imputación de Zapatero. En el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, el PP sacó adelante una moción en la que reprobó la actuación del Gobierno por los casos de corrupción que, según denuncia, afectan al Ejecutivo, al PSOE y al entorno del presidente. La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, llegó a retar al ministro Félix Bolaños a que su partido incluyera a Zapatero en las listas electorales si aún confían en él.

Vox mantiene una posición más beligerante y vincula directamente al presidente del Gobierno con las causas abiertas. Su portavoz, José Antonio Fúster, acusó a Santos Cerdán de haber utilizado su posición para "dinamitar cualquier limpieza democrática" y tratar de "perseguir, manipular y extorsionar a jueces, fiscales, periodistas o técnicos" con el objetivo de frenar las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción relacionados con el entorno del presidente y el Partido Socialista. Fúster añadió que "el PSOE no puede decir que Sánchez no sabía lo de Ábalos, Cerdán, Begoña Gómez, su hermano, Leire Díez, y Pedro Sánchez no puede decir que no es la 'X' de esta operación". Los líderes de Vox, Santiago Abascal e Ignacio Garriga, reclamaron en su momento una moción de censura inmediata contra Sánchez a raíz de la imputación de Zapatero.

Dentro del Gobierno de coalición, Sumar ha marcado distancia pública con el PSOE en este asunto. Su líder, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, expresó en mayo su "vergüenza" ante las causas judiciales que afectan al PSOE, y afirmó que "la política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del Gobierno se llamen como se llamen hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen". Díaz evitó concretar medidas y señaló que "dejemos trabajar a los tribunales. Y, por supuesto, mi organización política tomará las decisiones que sean menester al respecto".

Coalición Canaria, por su parte, ha reprochado al Ejecutivo su falta de respuesta ante estas causas. Su diputada Cristina Valido afeó al Gobierno que no hubiera reaccionado a la petición de su formación de someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones tras la imputación de Zapatero, trasladando "la sensación de aquí no estuviera pasando nada".

No se ha localizado un pronunciamiento específico de ERC, Junts, EH Bildu, PNV o BNG sobre este calendario judicial concreto ligado a la convocatoria electoral, por lo que no se recoge su postura en este artículo.