El Supremo estudia el recurso del Gobierno contra la suspensión del voto de la 'ley de nietos' a siete semanas del 29-N

El Tribunal Supremo se reunió el lunes para analizar el recurso de la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares que paralizaron parte de los efectos electorales de la llamada 'ley de nietos', aunque la cuestión, que afecta al censo de españoles residentes en el exterior, podría no quedar resuelta de forma inmediata.

El origen del litigio se remonta a septiembre, cuando el Alto Tribunal suspendió los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a raíz de un recurso presentado por Vox e Iustitia Europa. La resolución no anuló la nacionalidad adquirida por la vía de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, pero suspendió temporalmente el sufragio activo de quienes obtuvieron la ciudadanía por esa vía, salvo que acreditaran ser descendientes de exiliados por motivos políticos.

Según los cálculos manejados por la Abogacía del Estado, la suspensión alcanza a 168.896 nuevos electores del CERA, con especial peso en consulados como los de La Habana, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Ciudad de México y Caracas. Otras estimaciones, como las recogidas por El País, elevan a unas 400.000 personas el número de afectados directos por la medida cautelar.

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha convertido la ejecución de esa cautelar en una cuestión urgente. Iustitia Europa presentó un escrito que pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que determine «de manera inmediata» a quiénes afecta la suspensión. Por su parte, Vox pide al tribunal que declare que la suspensión acordada «es aplicable a las elecciones del 29 de noviembre de 2026» y que ordene a la Junta Electoral Central tomar medidas inmediatas para «salvaguardar la finalidad de la medida cautelar».

Frente a esta posición, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha recurrido en reposición las cautelares. Los servicios jurídicos del Estado sostienen que «no existe ningún riesgo derivado del incremento del Censo Electoral de Residentes Ausentes» y que, aunque lo hubiera, sería «tan ínfimo que no justificaría cercenar» el derecho al voto. El escrito añade que el resultado electoral «no podría alterarse por pura matemática», ya que nadie puede anticipar el sentido del voto de los nuevos inscritos.

La disputa tiene también su correlato político. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reclamó al Supremo que resuelva «lo antes posible» y ha defendido que las medidas cautelares afectan al derecho de voto de miles de españoles. El PSOE llegó a lanzar una campaña de recogida de firmas entre sus militantes para presionar al tribunal, en la que acusó a PP y Vox de buscar convertir a los nacionalizados en «ciudadanos de segunda». Sumar, socio de Gobierno, ha respaldado esa postura y ha impulsado junto al PSOE una enmienda en una norma educativa para dar rango de ley a la instrucción administrativa que permitió las inscripciones, actualmente paralizadas por el Supremo.

El PP, que no formó parte del recurso original ante el Supremo —presentado por Vox e Iustitia Europa—, ha celebrado la decisión cautelar como una confirmación de sus denuncias previas sobre el proceso. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, resumió la resolución de septiembre con un «Teníamos razón». El partido ha anunciado además que recurrirá la enmienda de PSOE y Sumar, a la que acusa de pretender «manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral».

La complejidad práctica del caso se ha acentuado porque el censo que se utilizará en los comicios del 29-N se cerró el 1 de agosto, más de un mes antes de que el Supremo dictara su auto. Eso obliga ahora a identificar, dentro de un censo ya cerrado, qué inscripciones concretas quedan sujetas a la suspensión. La Dirección General de Asuntos Consulares remitió un escrito a la Sala advirtiendo de las circunstancias que pueden «dificultar o ralentizar» el cumplimiento de la medida, al señalar que será necesario revisar uno a uno cientos de miles de expedientes.